La Red PREVIENES (Red Departamental de la Niñez y Adolescencia para una Vida Libre de Violencia Sexual – La Paz) integrada por 14 organizaciones que trabajan arduamente por los derechos de la niñez y adolescencia a nivel departamental, invita a la reflexión y toma de conciencia de todos los garantes de derecho y la ciudadanía en general ante los alarmantes datos de violencia sexual a infantes, niñas, niños y adolescentes.
Los registros del Ministerio Público señalan en el primer trimestre del 2022, que se registraron 611 casos de violencia sexual a infantes, niñas, niños y adolescentes en toda Bolivia, lo cual representa una incremento del 28,6% en comparación a la gestión anterior.
Cabe resaltar que éstas son cifras de casos que han sido denunciados, más no contempla la cantidad de casos que se mantienen en el silencio, que normalmente se dan por miedo, por amenaza del agresor o de la familia, y/o por falta de credibilidad a las instancias de protección y justicia, entre otras.
De acuerdo a los hechos suscitados, el 29 y 30 de marzo por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) trató el caso “Brisa De Angulo Losada vs. Bolivia”. El caso alega que Bolivia violó los derechos de Brisa De Angulo, al negarle justicia efectiva luego de que su primo adulto la violara repetidamente cuando era una adolescente en el año 2002. Brisa solicita que la CIDH ordene al Estado Boliviano realizar reformas normativas y aplicar estrategias integrales para abordar la violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes, también pide la operacionalización de la justicia, el desarrollo de servicios profesionales actualizados, especializados con calidad y calidez.
La Red PREVIENES se manifiesta en apoyo y solidaridad a las demandas presentadas por Brisa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y exige justicia inmediata y oportuna para infantes, niñas, niños y adolescentes y familias que atraviesan situaciones de violencia sexual. Es necesario tomar acciones de prevención integral en todos sus niveles, priorizando la protección y el interés superior de la niñez y adolescencia en la gestión de delitos contra la libertad sexual.
